El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la Contraloría General de la República han desarrollado una novedosa alianza, inédita en América Latina, que busca prevenir la corrupción en empresas estatales.

El acuerdo entre ambas instituciones surge en el marco de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), creada en mayo de 2012, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales, cuya finalidad es impulsar la implementación y difusión de la mencionada Convención, además de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia.

Durante 2018 la Alianza Anticorrupción en Chile ha desarrollado diversas actividades para abordar la prevención de la corrupción en empresas estatales, debido a los riesgos a los que siempre está expuesta la actividad empresarial, con la particularidad de que en estas empresas están además en juego los recursos públicos y la confianza ciudadana.

Considerando que las empresas públicas desarrollan actividades que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas en temas tan diversos como el acceso al agua, salud, alimentación, medio ambiente y vivienda, entre otros, la labor de esta Alianza es vital para avanzar, con perspectiva de derechos, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Diversas actividades

La primera actividad del Programa fue el Seminario para Directores y Directoras de Empresas Públicas, que se realizó a fines de octubre. En la apertura del Seminario, la Representante Residente Adjunta del PNUD, Marcela Ríos, recalcó la importancia del trabajo en integridad desarrollado por la Alianza Anticorrupción UNCAC para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, precisando que la corrupción no sólo afecta el patrimonio público, sino que también hay un socavamiento de los derechos de las personas y de la legitimidad de las instituciones, lo cual afecta el avance de los países hacia el desarrollo.

Durante noviembre en tanto se realizó una mesa de trabajo con los/as presidentes de las empresas estatales en la que Marcela Ríos se refirió a la integridad y lucha contra la corrupción en las empresas estatales, destacando que la agenda de desarrollo sostenible es una tarea que convoca a diversos actores y que las acciones que realiza el sector privado en esta materia son claves para el éxito de los ODS. Destacó además los compromisos del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, adquiridos por ChileCompra, el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección Económica de Cancillería, el Ministerio de Energía, CODELCO, ENAP y el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Marcela Ríos, concluyó planteando la necesidad de una adecuada rendición de cuentas respecto de estas medidas por parte del Estado y de fortalecer el compromiso al más alto nivel en cada una de las empresas estatales asumiendo el liderazgo en la implementación de los ODS y los derechos humanos.

En línea con lo anterior, hace unas semanas se realizó un seminario para gerentes y gerentas de empresas estatales, en la que participó la Jefa del Programa Gobernanza y Desarrollo Sostenible del PNUD, Paloma Toranzos, quien expuso que estas empresas actúan como referentes naturales a la hora de innovar y elevar los estándares, repercutiendo hacia el resto del Estado y en las dimensiones ambientales, económicas y sociales del país; por lo que fortalecer las relaciones con los grupos de interés y robustecer la prevención de riesgos, es fundamental en avanzar las transformaciones estructurales hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

Desde Naciones Unidas ya se han desarrollado lineamientos para la actividad empresarial, como los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas y los 10 Principios del Pacto Global. En Chile, este enfoque ha sido impulsado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y se ha sustentado en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos lanzado en 2016.

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