La iniciativa apunta a proporcionar a fiscales y funcionarios un marco de actuaciones que les permita enfrentar y responder adecuadamente a  situaciones de riesgo en materia de dilemas éticos.

Santiago, 18/12/2018.- El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y la Representante Residente Adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Marcela Ríos, suscribieron hoy un convenio de colaboración, con el fin de que el organismo internacional apoye al Ministerio Público tanto en la elaboración de un Código de Ética para fiscales y funcionarios, como en la puesta en marcha de un Sistema de Integridad.

La iniciativa busca proporcionar a fiscales y funcionarios un marco de actuaciones que les permitan enfrentar y responder adecuadamente a  situaciones de riesgo en materia de dilemas éticos. En su rol de exclusivo organismo persecutor del delito en Chile, el propósito del Ministerio Público en esta materia apunta a disponer de los más altos estándares organizacionales en probidad y comportamiento ético, a fin de fortalecer su compromiso y coherencia con su mandato institucional.

El proyecto, denominado “Sistema de Integridad para el Ministerio Público” se gestó durante el 2018, a partir de conversaciones sostenidas por ambas instituciones en el seno de su participación en la Alianza Anticorrupción (UNCAC). En ese marco, el PNUD proveerá asesoría metodológica y soporte técnico, en un trabajo coordinado con la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Abbott destacó que la iniciativa permitirá al Ministerio Público abordar en forma global lo desafíos institucionales relacionados con la probidad, cuidando el cumplimiento de  la normativa interna, con especial cuidado en los principios de transparencia y de respeto a las personas.

Marcela Ríos agregó que “estamos trabajando desde el año 2008, junto a la Contraloría General de la República, en el seguimiento de la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la que plantea entre sus recomendaciones que los Ministerios Públicos de los países adopten medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción” En ese contexto, agregó, la iniciativa “cuenta con un fuerte componente de innovación porque incorpora en su diseño un enfoque de análisis del comportamiento, metodología multidisciplinaria, utilizada actualmente en Europa y Estados Unidos, cuyo objetivo es entender los procesos de toma de decisión y predecir los factores que pueden influir en los comportamientos de las personas”. 

El convenio de colaboración se desarrollará a lo largo de dos años y tendrá como uno de sus productos principales la elaboración del Código de Ética, tarea en la que participarán directivos, fiscales y funcionarios y funcionarias. Junto a ello, se pondrá en marcha un Sistema de Integridad -basado en el Código de Ética-, el que será la plataforma para canalizar consultas y denuncias, a través del cual además se proveerá de información y capacitación en probidad y ética funcionaria.

El proyecto tiene impacto directo en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16, impulsado por el PNUD, sobre “Fortalecimiento de las Instituciones de Justicia y para la Paz en los países”.

El Ministerio Público, cuenta con una dotación de más de 4.000 personas -incluidas fiscales y funcionarios- y ejerce sus funciones a través de una Fiscalía Nacional, 19 Fiscalías Regionales y sus respectivas Fiscalías Locales.

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